Prolongar hasta 50 años la entrega de la infraestructura de las plantas generadoras que ahora se construyen con capital privado y la fusión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Luz y fuerza del Centro (LFC) en un solo Organismo, son dos propuestas que han estado discutiendo los asesores de Fox.

Los vendepatrias parecen no tener límites. Otorgar concesiones a los inversionistas privados para que puedan operar las plantas eléctricas que construyen al término de medio siglo, pudiéndose dar prórrogas en varias ocasiones, representaría entregar al Estado únicamente chatarra. Las centrales eléctricas tienen en promedio una vida útil de 30 años pudiendo prolongarse hasta 40 mediante mecanismos de optimización. De manera que, la mencionada entrega se haría para que el Estado se encargue del desmantelamiento, cuyo costo se cargaría al erario público y, además, dichas plantas serían ya inservibles.

La fusión de CFE y LFC en un solo Organismo sería correcta en el contexto de la integración de la industria eléctrica nacionalizada. Esta es una demanda histórica de los trabajadores de la energía. Pero esto NO es lo que proponen los foxistas.

Se habla de juntar (burocráticamente), no integrar (industrialmente), a las empresas eléctricas estatales en un Centro de Operación del Sistema y Mercado Eléctrico (COSIME). Con esta nueva figura legaloide se pretende tergiversar de manera grotesca a la única salida nacionalista contra la privatización eléctrica: la integración industrial. Ese nuevo Organismo sería el aparato para legalizar las reestructuraciones que desde hace más de un año se llevan a cabo en CFE y LFC. El COSIME sería el encargado de coordinar a las múltiples empresas nuevas (filiales) en que sería desintegrada la actual infraestructura pública de generación, transmisión y distribución. La idea es favorecer una suerte de bolsa para mayoristas en competencia con los inversionistas privados.

Se trata de una nueva aberración del foxismo presuroso por entregarse cada vez más al imperialismo. Con las nuevas ocurrencias se pretende adecuar la actual infraestructura eléctrica estatal a la privatización aceleradamente en marcha. CFE y LFC están propuestas por el gobierno como unas entidades más participante en sus planes de mercado. Se esta presuponiendo la existencia de otros grupos (privados) que ya actualmente se integran monopólicamente.

Las ocurrencias de ahora, también son anticonstitucionales por ser violatorias de los artículos 25, 27 y 28.

Por lo demás, ese nuevo aparato no tiene perspectiva alguna. La única medida razonable técnica y económicamente es la integración industrial. Pero esta es una propuesta diferente, con otros objetivos, alcances y estrategias.

La integración industrial tiene asociadas las implicaciones sindicales y laborales. Eso no se resuelve burocráticamente.

La verdadera integración industrial supone la necesaria unidad sindical y la contratación colectiva de trabajo única. La unidad es hoy más urgente que nunca. Sin la unidad sindical de los electricistas no será posible detener a tantas ocurrencias privatizadoras. Pero, por el momento, muchas voces se levantarán en contra de la propuesta del foxismo, hasta los charros, fortaleciendo al mismo tiempo las tendencias antiunitarias y anti-integración industrial.

En la propuesta se plantea no afectar los derechos de los trabajadores activos, jubilados y pensionados de CFE y LFC los cuales serán respetados de acuerdo con el artículo 123 de la Constitución. Estas son simples declaraciones para el consumo de los diputados charros.

En todo caso, habría que ver la iniciativa formal del Fox para determinar todas sus implicaciones. Lo que sí parece es que no tienen argumentos convincentes, ni siquiera sensatos, para justificar sus acciones privatizadoras.

La integración industrial no se reduce a la formación de un nuevo Organismo ni a la simple suma de activos y obligaciones en términos de patrón sustituto. Se requiere, ante todo, de una Política Eléctrica Independiente opuesta a la del gobierno orientada en favor del capital extranjero. Pero, sin política independiente la integración industrial verdadera no es posible.

Además, tal política es imprescindible para resolver los asuntos sindicales y laborales que plantea la integración. Hacer abstracción de estos asuntos para dejar todo como está, en manos de charros y charritos, es seguir avanzando hacia la desnacionalización eléctrica.